Las grabaciones de la discordia…

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A día de hoy parece que, tras más de una década, los juicios clave sobre “El Caso Brugal” comienzan a rodar. Dicho caso comenzó con la revelación de algunas escuchas y grabaciones por parte de Ángel Fenoll que ponían en tela de juicio la inocencia de un concejal alicantino que buscaba sobornar al alcalde del Partido Popular. El empresario Fenoll destapó así uno de los mayores casos de corrupción del PP y siguió amenazando con sacar más grabaciones a la luz y enviarlas “a donde más daño hagan” al ver sus negocios en peligro. Lo que Fenoll no sabía es que dichas grabaciones acabarían siendo clave para su imputación, pues destaparían una serie de escuchas telefónicas que le comprometían.

Recientemente se celebró el juicio que buscaba sentenciar a Ángel Fenoll, pero su defensa pidió anular dichas escuchas porque según él “vulneraron derechos fundamentales” y que “carecen de motivación alguna”. Casi dos meses después, concretamente el pasado 30 de abril, la Audiencia de Alicante decidió anular parte de las intervenciones telefónicas al decretar que tenían “falta de motivación” y «de relación con los hechos”, además de afirmar que no respetaban derechos constitucionales de intimidad: “El fin no justifica los medios”.

Ante esta decisión, la Fiscalía Anticorrupción de Alicante propuso el 7 de mayo posponer el juicio una semana más para estudiar la anulación de dichas escuchas, lo que fue reprobado en votación con 32 opositores frente a 2 que lo veían con buenos ojos. Finalmente, el juicio fue celebrado al día siguiente y por el momento solo se conocen las declaraciones de Fenoll y Medina, que respondieron brevemente a las preguntas de sus abogados y se declararon inocentes ante el tribunal.

La gente opina…

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Tras realizar una encuesta a una cantidad representativa de la sociedad, nuestro equipo de investigación ha sacado diferentes conclusiones. Aunque sea uno de los casos de corrupción más grande de España solo el 33.3% de los encuestados han oído hablar del Caso Brugal en comparación a un 66.7%. Demostrando la desinformación que hay en España respecto a grandes casos de corrupción.

Además, los sucesos más conocidos según el sondeo, en la que han colaborado personas de entre 18 y 65 años conocidos por los Españoles son: Gürtel, Barcenas, Pujol y Noos. Ya que más de un 80% de los encuestados conocen estas tramas

Las opiniones sobre el dinero publico perdido son muy dispares, pero a la vez muy igualadas entre dos datos. Por un lado, opinan que hay un 30.3% de los encuestados que considera una perdida entre 100.000€ y 1.000.000€ ; y un 30.3% que opina que la perdida de dinero público asciende a más de 2.000.000€

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Primera Etapa(2006/2007)

Etapas

Todo se remontaría a Marzo de 2006, año en el que Ángel Fenoll revelaría una grabación en la que se hablaba de un soborno. Implicando a los exalcaldes de Orihuela: José Manuel Medina y Monica Lorente, entre otros regidores de las provincias cercanas por parte de la empresa competidora Urbaser. Utilizando como herramienta para su distribución, el servicio de recogidas de basuras en Orihuela; más en concreto, en La Comarca Alicantina de la Vega Baja del Segura.

La empresa perteneciente a «el rey de las basuras» sería una de las cinco candidatas para gestionar el negocio de este municipio (En la Comarca Alicantina) haciendo uso de su «pasatiempo o afición favorita» según el periódico digital La Verdad: Grabar con cámaras ocultas recopiladas en cintas y audios de sus reuniones con empresarios y responsables políticos Alicantinos que estuvieran involucrados. Dichos «materiales» confiscados por la policía serían de utilidad, para investigación en el desarrollo de la trama.

A principios de Mayo del 2007, la Policía Nacional detendría a Ángel Fenoll y a otros cinco colaboradores, por acciones poco éticas en los sobornos y adjudicación (Ganancias ilícitas) en los servicios de «recogida de basuras». Además serían detenidos: Su hermano Ramón Fenoll ‘ex edil de Centro Liberal’; Javier Bru ‘ Exconcejal de Turismo y Administrador de empresas Fenoll’; Jesús Fernández ‘Exconcejal de Turismo del Partido Popular de Albatera’; y un detective. Aunque, según el artículo de El Mundo publicado en el 2010 tras la primera detención «sólo Ángel Fenoll, su hijo Antonio Ángel Fenoll, y Javier Bru permanecieron un mes en la cárcel, por delitos de extorsión con grabaciones y cohecho, de donde salieron previo pago de un total de 260.000 euros en fianza».

Tiempo después Ángel Fenoll declararía a la prensa que «su relación con los implicados venia de hace mucho tiempo» y afirmaba que «las grabaciones que portaba la policía podía llevar a la cárcel a más de uno«. Acusando a Luis Fernando Cartagena, con quién ya había colaborado en 1993 y había estado en la cárcel cuatro años.  

Segunda etapa (2010)

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El día 6 de julio de 2010 hubo un total de once nuevas detenciones, de las cuales la más trascendental fue la de José Joaquín Ripoll. El entonces presidente del PP de Alicante y titular de la Diputación Provincial salió en libertad con cargos y sin fianza después de prestar declaración. Además de Ripoll, otras diez personas fueron arrestadas: tres concejales populares de Orihuela y siete empresarios.

Enrique Ortiz, quien se había hecho con el contrato de la basura, también fue acusado por un caso de corrupción en el mundo del fútbol. En ese momento el empresario ejercía además de presidente del Hércules FC. El club alicantino estaba a punto de conseguir el ascenso a Primera División, pero a falta de solo un partido para finalizar la competición liguera, Ortiz soborna al Córdoba FC para asegurárselo. Ese partido el Hércules lo gana con un holgado 4-0 que le daba el ascenso directo. Sin embargo aparecieron más conversaciones respecto al amaño de otros partidos, aunque finalmente el Hércules se quedó en Primera y el juez que llevaba el caso no compartió la información de las conversaciones con las autoridades deportivas.

Fue entonces cuando Enrique Ortiz buscó la ayuda de José María Pajín -padre de la ministra de sanidad, Leire Pajín– para que le consiguiera una firma del director general de Carreteras de Fomento. Esta firma era vital para aprobar el Plan Rabasa, otro caso de corrupción en el que Ortiz estaba implicado. Se tiene constancia de la conversación gracias a una intervención policial. En ella, el por entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, preguntaba al empresario cómo iban los trámites, a lo que este respondía que había quedado con «Chema Pajín» para la gestión de la firma. No obstante, no es esta la única información que se conoce gracias a las intervenciones telefónicas, también inspeccionaron conversaciones de Enrique Ortiz con Alberto de Rosa, hermano del ahora Vicepresidente del Poder Judicial. Este diálogo tenía como objeto conseguir adjudicaciones judiciales para sus construcciones.

En octubre del mismo año Felipe Briones, fiscal anticorrupción, acusó a la entonces nueva alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, debido a su implicación en el Caso Brugal mediante un Plan General de Ordenación de Urbana. También imputó al anterior alcalde, Luis Díaz Alperi. Ambos quedaron inculpados por revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Además, confesaron haber recibido regalos a modo de soborno. Dos altos cargos de Bancaja, Vicente Sala y otro directivo, también fueron acusados.

Mónica Lorente

implicados

Según Diario Información Política Española. Fue alcaldesa de Orihuela de 2007 a 2011. Fue investigada por revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y delito en el caso de la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela. En su defensa dice estar confiada en la justicia, pues no se ve implicada en ninguno de los pinchazos telefónicos.

Rafael Gregory

implicados

Según Diario Información es un empresario español. Acusado por el aprovechamiento de informaciones privilegiadas,
participación en cohecho y fraude en relación con la adjudicación del Plan Zonal.

Además, de tratar de mediador crucial entre el presidente de la Diputación, Ángel
Fenoll y Enrique Ortiz.
Según informa ABC la fiscalía pide penas que van desde 9 meses a 12 años de cárcel y
que pague diferentes multas por delitos prolongados de estafa, falsedad
documental, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Las peticiones de penas más altas recaen a los hermanos Rafael y José Vicente Gregory,
dueños y/o socios de varias empresas implicadas en el caso de corrupción.

Enrique Ortiz Selfa

implicados

Empresario oscense dedicado a la construcción. Es presidente del Grupo Cívica y, además, máximo accionista del Hércules Club de Fútbol. Según Diario Información fue detenido por su implicación en el caso Brugal por irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja y por presuntos amaños en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. Asimismo, el empresario fue acusado de aprovecharse de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y cohecho.