El día 6 de julio de 2010 hubo un total de once nuevas detenciones, de las cuales la más trascendental fue la de José Joaquín Ripoll. El entonces presidente del PP de Alicante y titular de la Diputación Provincial salió en libertad con cargos y sin fianza después de prestar declaración. Además de Ripoll, otras diez personas fueron arrestadas: tres concejales populares de Orihuela y siete empresarios.

Enrique Ortiz, quien se había hecho con el contrato de la basura, también fue acusado por un caso de corrupción en el mundo del fútbol. En ese momento el empresario ejercía además de presidente del Hércules FC. El club alicantino estaba a punto de conseguir el ascenso a Primera División, pero a falta de solo un partido para finalizar la competición liguera, Ortiz soborna al Córdoba FC para asegurárselo. Ese partido el Hércules lo gana con un holgado 4-0 que le daba el ascenso directo. Sin embargo aparecieron más conversaciones respecto al amaño de otros partidos, aunque finalmente el Hércules se quedó en Primera y el juez que llevaba el caso no compartió la información de las conversaciones con las autoridades deportivas.

Fue entonces cuando Enrique Ortiz buscó la ayuda de José María Pajín -padre de la ministra de sanidad, Leire Pajín– para que le consiguiera una firma del director general de Carreteras de Fomento. Esta firma era vital para aprobar el Plan Rabasa, otro caso de corrupción en el que Ortiz estaba implicado. Se tiene constancia de la conversación gracias a una intervención policial. En ella, el por entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, preguntaba al empresario cómo iban los trámites, a lo que este respondía que había quedado con «Chema Pajín» para la gestión de la firma. No obstante, no es esta la única información que se conoce gracias a las intervenciones telefónicas, también inspeccionaron conversaciones de Enrique Ortiz con Alberto de Rosa, hermano del ahora Vicepresidente del Poder Judicial. Este diálogo tenía como objeto conseguir adjudicaciones judiciales para sus construcciones.

En octubre del mismo año Felipe Briones, fiscal anticorrupción, acusó a la entonces nueva alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, debido a su implicación en el Caso Brugal mediante un Plan General de Ordenación de Urbana. También imputó al anterior alcalde, Luis Díaz Alperi. Ambos quedaron inculpados por revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Además, confesaron haber recibido regalos a modo de soborno. Dos altos cargos de Bancaja, Vicente Sala y otro directivo, también fueron acusados.