Según Diario Información es un empresario español. Acusado por el aprovechamiento de informaciones privilegiadas,
participación en cohecho y fraude en relación con la adjudicación del Plan Zonal.
Además, de tratar de mediador crucial entre el presidente de la Diputación, Ángel
Fenoll y Enrique Ortiz.
Según informa ABC la fiscalía pide penas que van desde 9 meses a 12 años de cárcel y
que pague diferentes multas por delitos prolongados de estafa, falsedad
documental, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Las peticiones de penas más altas recaen a los hermanos Rafael y José Vicente Gregory,
dueños y/o socios de varias empresas implicadas en el caso de corrupción.




