Las grabaciones de la discordia…

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A día de hoy parece que, tras más de una década, los juicios clave sobre “El Caso Brugal” comienzan a rodar. Dicho caso comenzó con la revelación de algunas escuchas y grabaciones por parte de Ángel Fenoll que ponían en tela de juicio la inocencia de un concejal alicantino que buscaba sobornar al alcalde del Partido Popular. El empresario Fenoll destapó así uno de los mayores casos de corrupción del PP y siguió amenazando con sacar más grabaciones a la luz y enviarlas “a donde más daño hagan” al ver sus negocios en peligro. Lo que Fenoll no sabía es que dichas grabaciones acabarían siendo clave para su imputación, pues destaparían una serie de escuchas telefónicas que le comprometían.

Recientemente se celebró el juicio que buscaba sentenciar a Ángel Fenoll, pero su defensa pidió anular dichas escuchas porque según él “vulneraron derechos fundamentales” y que “carecen de motivación alguna”. Casi dos meses después, concretamente el pasado 30 de abril, la Audiencia de Alicante decidió anular parte de las intervenciones telefónicas al decretar que tenían “falta de motivación” y «de relación con los hechos”, además de afirmar que no respetaban derechos constitucionales de intimidad: “El fin no justifica los medios”.

Ante esta decisión, la Fiscalía Anticorrupción de Alicante propuso el 7 de mayo posponer el juicio una semana más para estudiar la anulación de dichas escuchas, lo que fue reprobado en votación con 32 opositores frente a 2 que lo veían con buenos ojos. Finalmente, el juicio fue celebrado al día siguiente y por el momento solo se conocen las declaraciones de Fenoll y Medina, que respondieron brevemente a las preguntas de sus abogados y se declararon inocentes ante el tribunal.

Segunda etapa (2010)

Etapas

El día 6 de julio de 2010 hubo un total de once nuevas detenciones, de las cuales la más trascendental fue la de José Joaquín Ripoll. El entonces presidente del PP de Alicante y titular de la Diputación Provincial salió en libertad con cargos y sin fianza después de prestar declaración. Además de Ripoll, otras diez personas fueron arrestadas: tres concejales populares de Orihuela y siete empresarios.

Enrique Ortiz, quien se había hecho con el contrato de la basura, también fue acusado por un caso de corrupción en el mundo del fútbol. En ese momento el empresario ejercía además de presidente del Hércules FC. El club alicantino estaba a punto de conseguir el ascenso a Primera División, pero a falta de solo un partido para finalizar la competición liguera, Ortiz soborna al Córdoba FC para asegurárselo. Ese partido el Hércules lo gana con un holgado 4-0 que le daba el ascenso directo. Sin embargo aparecieron más conversaciones respecto al amaño de otros partidos, aunque finalmente el Hércules se quedó en Primera y el juez que llevaba el caso no compartió la información de las conversaciones con las autoridades deportivas.

Fue entonces cuando Enrique Ortiz buscó la ayuda de José María Pajín -padre de la ministra de sanidad, Leire Pajín– para que le consiguiera una firma del director general de Carreteras de Fomento. Esta firma era vital para aprobar el Plan Rabasa, otro caso de corrupción en el que Ortiz estaba implicado. Se tiene constancia de la conversación gracias a una intervención policial. En ella, el por entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, preguntaba al empresario cómo iban los trámites, a lo que este respondía que había quedado con «Chema Pajín» para la gestión de la firma. No obstante, no es esta la única información que se conoce gracias a las intervenciones telefónicas, también inspeccionaron conversaciones de Enrique Ortiz con Alberto de Rosa, hermano del ahora Vicepresidente del Poder Judicial. Este diálogo tenía como objeto conseguir adjudicaciones judiciales para sus construcciones.

En octubre del mismo año Felipe Briones, fiscal anticorrupción, acusó a la entonces nueva alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, debido a su implicación en el Caso Brugal mediante un Plan General de Ordenación de Urbana. También imputó al anterior alcalde, Luis Díaz Alperi. Ambos quedaron inculpados por revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Además, confesaron haber recibido regalos a modo de soborno. Dos altos cargos de Bancaja, Vicente Sala y otro directivo, también fueron acusados.